Sin orden judicial, un grupo de individuos desaloja a habitantes del Ejido Santa Ana Atzacan

21 de noviembre de 2023

Orizaba, Ver.- En una acción sin respaldo legal, alrededor de 40 personas armadas con machetes y herramientas pesadas irrumpieron en las parcelas 194 y 195 del Ejido Santa Ana Atzacan. Sin consideración alguna, comenzaron a derribar las viviendas de los legítimos poseedores de esos terrenos, adquiridos tras grandes sacrificios a los ejidatarios. Los afectados acusan a una presunta colusión entre jueces corruptos y empresarios de Orizaba como el motor de esta embestida.

Paulino López Anzures, representante de más de 60 colonos en posesión de estas tierras, ubicadas en los límites con el municipio de Orizaba, señaló que estas acciones fueron orquestadas por el empresario Orlando López Olivo. López Olivo, aparentemente, busca apoderarse de estas parcelas utilizando todos los medios posibles, incluso comprando la voluntad de las autoridades judiciales.

López Anzures relató que esta mañana fueron sorprendidos por un grupo de individuos armados con herramientas pesadas que violentamente destruyeron las viviendas. La señora María García Carrera fue la primera afectada, viendo cómo sus pertenencias fueron sacadas a la calle y su hogar demolido, llevándose consigo sus sueños de tener una vivienda propia.

Las viviendas, ubicadas en la carretera Orizaba-Atzacan frente al Salón Colón, fueron atacadas por individuos armados con machetes, generando temor entre los habitantes que intentaron sin éxito solicitar la intervención policial.

El problema se intensificó desde marzo de este año cuando, por orden de un juez de distrito de Orizaba, el empresario buscó hacerse con los terrenos, alegando ser el propietario legítimo después de presuntamente haber comprado la voluntad de las autoridades judiciales. Desde entonces, la disputa se mantuvo en los tribunales hasta este martes, cuando el grupo de individuos tomó la violenta iniciativa, dejando a los habitantes desamparados y sin respuesta por parte de las autoridades a sus demandas.

La comunidad afectada continúa enfrentando tanto el poder económico como la indiferencia gubernamental en sus distintos niveles, denunció López Anzures.

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